La mayoría de las democracias regulan y penalizan el financiamiento de gobiernos extranjeros a partidos políticos pero son flexibles en cuanto a fondos para el desarrollo de la sociedad civil. En Cuba, que sepamos, no existe una ley de financiamiento externo, lo cual es extraño si se toma en cuenta que los medios de comunicación oficiales hacen de la transferencia de fondos externos el principal indicio para acusar a alguien de «mercenarios» o «terroristas». Al final, la acusación misma de «mercenarios» y «terroristas» es el dato falso, entre otras razones, porque en muchos casos se elude la información precisa sobre el financiamiento externo y su penalización de acuerdo con las leyes del Estado. En un momento en que avanza la transición capitalista en Cuba, lo que se busca criminalizar no es tanto la disposición de fondos foráneos como el posicionamiento público en contra de determinadas políticas del gobierno. Para seguir leyendo…