Ricardo Torres Pérez: La crisis económica en Cuba, sus causas y la migración

Lo que enfrentamos no es simplemente una recesión prolongada o una acumulación de dificultades coyunturales, sino el agotamiento de un modelo de desarrollo que nunca logró consolidarse plenamente. Durante las sesiones de la Asamblea Nacional de Cuba, en julio de 2024, un alto funcionario reconoció una disminución significativa de la población en la isla. Según cifras oficiales, al cierre del año el país contaba con aproximadamente 9.7 millones de habitantes. Sin embargo, estos estimados deben tomarse con cautela, ya que el último Censo Nacional de Población y Viviendas se hizo en 2012, y el correspondiente a 2022 aún no tiene fecha definida, lo que introduce considerables márgenes de error en las estadísticas actuales.

Algunos expertos sostienen que el panorama demográfico es incluso más crítico. Por ejemplo, Albizu-Campos estima que hacia mediados de 2024 la población total habría descendido por debajo de los 9 millones. Más allá del número que se adopte como referencia, existe un consenso amplio —tanto entre analistas como entre la ciudadanía— sobre dos aspectos fundamentales: el país experimenta el mayor éxodo migratorio desde el siglo XX, y el impacto de este fenómeno sobre la economía y el tejido social es profundo, aunque sus efectos a mediano y largo plazo siguen siendo inciertos.

En este contexto, diversas voces —incluidos actores políticos, analistas y autoridades— han atribuido el éxodo principalmente al efecto de las sanciones impuestas por Estados Unidos. Esta narrativa establece una relación causal directa entre las medidas coercitivas y la crisis económica interna, descartando o minimizando la influencia de otros factores estructurales.

Sin embargo, un repaso riguroso de los análisis de economistas reconocidos indica que el diagnóstico ha evolucionado hacia un consenso más amplio: la actual crisis es, probablemente, la más grave desde 1959. Esta evaluación se sustenta en múltiples dimensiones, como la contracción sostenida de la producción, el colapso parcial de los servicios públicos, el deterioro del poder adquisitivo de los salarios, el aumento de la informalidad y un repunte de la desigualdad.

En este sentido, resulta reduccionista atribuir la situación únicamente a factores externos, en particular a las sanciones estadounidenses, aunque estas sin dudas han exacerbado las vulnerabilidades internas. Ignorar la responsabilidad de la política económica interna —marcada por la inercia reformista, el control estatal sobre la actividad productiva y la limitada apertura al sector privado—, impide una comprensión integral del problema y limita la capacidad de formular respuestas eficaces.

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Vía Columbia Law School