Annarella Grimal: Identificados agente y médicos que presionaron a Yosvany García en su huelga de hambre

Dos médicos y un capitán de la Contrainteligencia en Holguín han sido identificados como responsables de presionar al preso político cubano Yosvany Rosell García Caso durante su huelga de hambre de 40 días, concluida el 2 de diciembre tras acceder las autoridades a aislarlo de la población penal.

García Caso, quien cumple una sanción de 15 años en la prisión Cuba Sí por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021, había sido admitido el 19 de noviembre en la sala de penados del Hospital Clínico Quirúrgico Lucía Íñiguez Landín, tras 29 días en huelga. Desde entonces, fue reportado «crítico» y con «pronóstico reservado». Cuatro días después de su ingreso, fue trasladado a la unidad de terapia intermedia, por complicaciones en su estado de salud.

Allí permaneció «en un cubículo aislado, bajo vigilancia permanente de uno o dos agentes de la Seguridad del Estado», mientras se recuperaba de la deshidratación, los vómitos, mareos y fallo renal que pusieron su cuerpo al límite, dice a Diario de Cuba su esposa, Mailín Rodríguez Sánchez. Solo el personal médico, algún familiar autorizado a visitarlo en días puntuales y agentes vestidos de civil tenían acceso.

El preso político estaba «esposado a la cama», un procedimiento prohibido por normas internacionales, pero que los agentes justificaron como una «medida de protección» ante un supuesto riesgo de fuga o suicidio, según Rodríguez Sánchez, madre de tres hijos.

El papel de los médicos

El día que se cumplieron las 40 jornadas de inanición, los allegados del huelguista fueron llamados a una reunión con el equipo médico. El objetivo era forzar el fin de la huelga, incluso pidiendo a la familia que firmara un consentimiento para administrar sueros y realizar pruebas a García Caso en contra de su voluntad, cuenta la esposa del preso político.

«Fuimos citadas al mediodía para un consentimiento que no firmamos. Yo dije que, sin antes verlo y conversar con él, no firmaríamos nada. Y yo no firmé nada», asegura y contabiliza seis personas, entre sanitarios civiles y militares, que no se presentaron correctamente: dos directivos médicos, un supuesto psicólogo de La Habana, «una doctora militar, una que nos ha dado el parte médico y el jefe de la sala de intermedia», precisa Rodríguez Sánchez.

En una verificación independiente, Diario de Cuba pudo identificar a dos de los profesionales de la salud: los doctores Luis Mario Carrasco Feria (cirujano) y Marcos Daniel Ramos Serrano (anestesiólogo), quienes se desempeñan como director y subdirector, respectivamente, del Hospital Clínico Quirúrgico Lucía Íñiguez Landín. 

La actitud de los facultativos fue impositiva y, por momentos, hostil, especialmente cuando la familia se negó a firmar el consentimiento asistido, pero fue el doctor Ramos quien insistió más en las consecuencias para García Caso de continuar sin ingerir alimentos, y en la necesidad de que se firmara el documento. «Cuando le dije que no, se incomodó», recuerda Rodríguez.

Esta forma de presión «constituye una violación a los principios de la Declaración de Malta de la Asociación Médica Mundial, especialmente el de respeto a la autonomía, establecido en el punto No. 4 de la misma», advierte el abogado Alain Espinosa, del Centro de Información Legal Cubalex. «La otra violación grave a estos principios es relativa a la independencia clínica, cuando responde a intereses de la Seguridad del Estado y no a una opinión médica objetiva», remarca.

Esto quiere decir que el médico no debe forzar al paciente a deponer la huelga (ni a la familia), como tampoco puede recibir indicaciones de la policía política con respecto a la salud del enfermo bajo custodia.

Sin embargo, el discurso oficial ha documentado casos de médicos que han colaborado o se han convertido en agentes de las fuerzas de la Seguridad del Estado, entre ellos, Carlos Leonardo Vázquez González (agente Fernando) y Luis Véliz Martínez (agente Ernesto). Pese a su formación, vigilaron a colegas y disidentes, infiltraron organizaciones opositoras y se involucraron en campañas de propaganda o descrédito dentro y fuera del país, incluso en misiones médicas cubanas.

Otros médicos simplemente ceden a las presiones del aparato de inteligencia, en detrimento del interés del paciente. Falta por determinar en cuál de estos grupos se encuentran los que han presionado al preso político y permitido la intervención de sus carceleros en cuestiones médicas. Este diario solicitó información al MINSAP y al hospital de Holguín, sin obtener respuesta.

En la práctica, los doctores civiles tienen escaso margen de autonomía con pacientes como Yosvani García, que son de interés para la Seguridad del Estado y para los servicios médicos del MININT —conformados por psiquiatras, psicólogos y jefes de servicios—, que inmediatamente intervienen, dijo a este diario un facultativo familiarizado con el caso que pidió anonimato por temor a represalias.

La intervención de médicos militares también ha quedado demostrada antes: la hospitalización forzada de Luis Manuel Otero Alcántara, que puso fin a su huelga de hambre en mayo de 2021, y el caso de la familia Ruiz Urquiola son dos ejemplos elocuentes.

El capitán, en la plataforma de Represores Cubanos

Precisamente, uno de los oficiales que presionaron a García Caso y su familia fue identificado recientemente. Se trata del capitán Jorge de la Cruz García, de la Contrainteligencia de Holguín, quien se presenta a menudo como Mario. La denuncia fue realizada por la plataforma Represores Cubanos que, con el auspicio de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FHRC, en inglés), revela información sobre los autores de acciones represivas contra la sociedad civil.

La plataforma independiente ha conseguido ubicar a De la Cruz en varias acciones represivas contra la sociedad civil en Holguín: el capitán forma parte del grupo de agentes que custodia el Hospital Clínico Quirúrgico Lucía Iñiguez Landín, donde se encuentra ingresado García Caso, y que ha mantenido un «hostigamiento sistemático» contra sus allegados. Además, Represores Cubanos lo acusa de «perseguir, coaccionar y amenazar a manifestantes del 11J en esa ciudad que se encuentran presos en la prisión provincial Cuba Sí, y de intimidar a sus familiares».

La identidad del capitán había sido revelada por el periódico estatal ¡Ahora!, en un intento de blanquear la imagen de quienes lideraron la violencia contra el pueblo el 11J que, según el propio preso político, «mostró la peor cara de la dictadura». En una entrevista en marzo de 2024, la periodista Yanela Ruiz llamó De la Cruz, junto a otros dos agentes, «héroes del silencio», por su «compromiso», «inconmensurable ética», «valentía y grandeza». También resaltó la «condición especial» que permitió a los agentes la entrada a las filas del MININT: su «dimensión humana y saberlos tan sensibles».

DDC contactó a tres parientes de presos políticos y dos opositores de Holguín; todos confirmaron haber sido víctimas del capitán de la policía política.

Yexi Gómez cuenta que el agente «Mario» aparecía sin previo aviso en su casa, con la excusa de interesarse por la familia del preso del 11J Maikel Rodríguez del Campo, y preguntar qué necesitaba. La respuesta de Gómez era siempre la misma: «¿Cómo cree que estamos? Mis hijos lo que necesitan es a su padre».

Ramón Zamora, vocero nacional del opositor Partido Republicano de Cuba, dijo recordar al capitán «por su participación en arrestos de la Seguridad del Estado, principalmente a las Damas de Blanco», hace más de una década.

De la Cruz lleva al menos 17 años en las filas del MININT. Natural de Banes y graduado de técnico medio en gastronomía, también es considerado responsable de obstaculizar la representación letrada de algunos de los detenidos del 11J en Holguín, asegura Represores Cubanos: le adjudica presiones al abogado Solnés Expósito Sarmiento, al que «hicieron desaparecer del proceso», se lee en la hoja descriptiva. El incidente, previamente reportado por la prensa independiente, desató la protesta de familiares y obligó a restituir al abogado, dando inicio al juicio pasadas las 4:00 PM de ese día.

En todo este tiempo de presidio político, la represión de la Seguridad del Estado ha sido una constante contra Yosvani García Caso y contra su familia: golpizas, secuestros, vigilancia, celdas de castigo y prohibición de llamadas y visitas son algunas de ellas. En protesta, el joven herrero de 37 años ha llevado a cabo ocho huelgas de hambre y liderado demandas para que se le reconozca su estatus de preso de conciencia, una condición que le fue otorgada por Amnistía Internacional. Pese a toda la violencia, su posición se ha mantenido inalterable:

«No me arrepiento en lo más mínimo. ¿Cómo podría arrepentirme de querer ver a mi país libre de una dictadura comunista, que durante más de 60 años nos ha sometido a la miseria extrema y ha violado todos nuestros derechos humanos?», escribió en una carta de 2022.

Para la esposa del opositor, estaba claro: «Si yo no hubiera denunciado y las redes apoyado a mi esposo, me lo dejan morir».

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Publicación fuente ‘Diario de Cuba’