Carolina Barrero: Raúl Castro, el narcotraficante / La historia del ‘draft indictment’ del dictador cubano

En 1993, Raúl Castro fue investigado por narcotráfico por un  jurado indagatorio federal de Florida. Este suceso, extrañamente olvidado, fue documentado en la prensa de la época, y años más tarde, en el año 2000, fue tratado en una audiencia del Congreso de Estados Unidos. Sin embargo, a pesar de la evidencia, la investigación fue archivada por la administración de Bill Clinton. Durante más de tres décadas el tema ha sido reducido a meras menciones de notas al pie. Una reducción  que quizás sea la clave para entender por qué seguimos fallando al analizar el papel de Cuba en las redes de ilícitas que atraviesan el Caribe y Latinoamérica.

El 8 de abril de 1993, The Miami Herald reveló que fiscales federales del Distrito Sur de Florida habían redactado un borrador de acusación penal (draft indictment) que imputaba al gobierno cubano como una empresa criminal de racketeering (delincuencia organizada estructural, conforme a la ley RICO de EE. UU.) y al ministro de las Fuerzas Armadas, Raúl Castro, como jefe de una conspiración destinada a enviar toneladas de cocaína de carteles colombianos a través de Cuba hacia Estados Unidos.El documento, producto de meses de testimonio secreto ante un gran jurado, identificaba a quince altos funcionarios del Estado cubano como parte de una conspiración para facilitar el tránsito de cocaína del cartel de Medellín hacia Estados Unidos durante los años ochenta. Entre los nombres figuraba Raúl Castro, entonces ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, descrito por el periódico como «el jefe de la conspiración», José Abrantes, Aberlado Colomé Ibarra, Manuel Piñeiro (Barba Roja), Nelson Blanco, Rosa María Abierno Gobín, entre otros, que incluían al coronel Antonio de la Guardia, que fue fusilado tras la Causa 1, en 1989.

El borrador atribuía a esa red el movimiento de al menos 7,5 toneladas de cocaína. Describía un esquema sostenido en el tiempo, apoyado en el uso del espacio aéreo, puertos y rutas marítimas cubanas. La hipótesis penal construida tras meses de investigación, formulada por fiscales federales, era lo suficientemente sólida como para haber sido considerado seriamente como acusación formal. Sin embargo, el indictment nunca llegó.

The Miami Herald explicó entonces que presentar una acusación de ese calibre requería la aprobación directa del Departamento de Justicia. No era un caso ordinario: implicaba imputar penalmente a un gobierno extranjero en su conjunto. Algo que recientemente había sucedido con Manuel Noriega en Panamá, acusado por un gran jurado federal en Miami y Tampa en febrero de 1988 por cargos de narcotráfico, lavado de dinero y conspiración, lo que derivó en su captura tras la invasión estadounidense de 1989 y su eventual condena en Estados Unidos y Francia.

En Cuba, el precedente Noriega había tenido repercusiones inmediatas: el juicio sumario contra el general Arnaldo Ochoa y otros oficiales, conocido como la Causa 1, se celebró en junio de 1989, seis meses después de la captura de Noriega, culminó en con el fusilamiento de cuatro de los acusado y funciono como chivo expiatorio de los Castro para librarse del mismo destino. Una purga diseñada para concentrar responsabilidades en figuras intermedias y blindar a la cúpula del poder. Cuatro años después, la investigación que preparaba un gran jurado federal del distrito sur de Miami mostraba que el problema del narcotráfico en Cuba no había terminado con los fusilados de 1989, sino que ascendía hasta los niveles más altos del poder.

Desde comienzos de los 80, diversos testimonios judiciales en Estados Unidos habían señalado contactos logísticos entre el cartel de Medellín y autoridades cubanas. Carlos Lehder, cofundador del cartel, declaró haber mantenido reuniones directas con Raúl Castro y haber obtenido facilidades para el tránsito de cargamentos. A estas declaraciones se sumaban las conocidas relaciones del régimen con organizaciones guerrilleras en Centroamérica con las FARC, el ELN, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, el Frente Farabundo Martí, entre otras,  un entramado donde la ideología, el financiamiento político y las economías ilícitas se superponían con inquietante normalidad.

En el año 2000, el caso fue retomado en una audiencia del Congreso de los Estados Unidos en la que se presentaron suficientes indicios que añadían información a la investigación de 1993, en a que participaron, entre otros Ileana de la Guardia, hija de Antonio de la Guardia, uno de los fusilados por Fidel Castro durante la Causa 1. La pregunta no es si había indicios suficientes, que los hay, sino si Estados Unidos estaba dispuesto a asumir las consecuencias políticas de llevar esa acusación hasta el final. Evidentemente la administración de Bill Clinton no lo estaba.

Hoy, cuando el debate internacional se centra en las acusaciones de narcotráfico contra altos funcionarios venezolanos y en la noción de «narco-Estado», este antecedente resulta ineludible. El caso de Nicolás Maduro suele presentarse como una anomalía, una degeneración reciente del poder en Venezuela. Pero la historia sugiere una continuidad de prácticas, saberes y modelos de control que Cuba no solo desarrolló, sino que exportó. Como cuando una empresa externaliza funciones y procesos fuera de su territorio para abaratar costos o evadir implicaciones legales: el régimen de los Castro simplemente identificó que era más conveniente sacar las operaciones fuera de su territorio; el destino fue Venezuela.

Desde principios de los años 2000, La Habana ha mantenido una presencia profunda y estructural en los aparatos militares, de inteligencia y de seguridad venezolanos. Esa relación no se limita a la cooperación política e ideológica. Implica transferencia de métodos, cadenas de mando paralelas y formas de gestión del poder donde la línea entre lo estatal y lo ilícito se vuelve deliberadamente borrosa. Observado a la luz de la investigación de 1993, resulta cada vez más difícil sostener que Cuba ha sido un mero espectador del auge del narcotráfico estatal en la región.

El silencio de entonces ha tenido consecuencias. Al no confrontarse a tiempo la dimensión estatal del narcotráfico cubano, se dejó intacto un modelo que luego encontraría terreno fértil en otros países. Tres décadas después, continúa impune el régimen de los Castro, artífice, y arquitecto de las redes de narcotráfico de la región, que en su momento sobrevivió a la captura de Noriega, y hoy pretende otra vez zafar tras la captura de Maduro.

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Publicación fuente ‘Ciudadanía y libertad’