Noticias: ¿Quiénes son los verdaderos ‘secuestradores de remesas’ en Cuba?

En las últimas semanas, el Ministerio del Interior (Minint) de Cuba ha protagonizado piezas de propaganda en la prensa estatal en las que asegura trabajar en el «desmantelamiento» de una presunta «red de tráfico internacional de divisas» articulada, sobre todo, desde Estados Unidos. Supuestamente, las autoridades han abierto más de 100 investigaciones penales contra operadores de remesas y cambio informal.

La narrativa oficial describe los operativos policiales como parte de las «estrategias para la gradual estabilización macroeconómica del país», un elemento incluido en el nuevo programa gubernamental para corregir «distorsiones» económicas.

Los reportes de la prensa estatal sostienen que la operación tiene su centro en Miami, con ramificaciones en varias provincias cubanas. Funcionarios del Minint afirman que los presuntos involucrados habrían creado un mecanismo paralelo de gestión de remesas y abastecimiento para actores privados cubanos, actividad que describen de «delictiva» y asociada a la «guerra económica» de Estados Unidos contra Cuba.

Sin embargo, la acusación se produce en un contexto en el que el Estado cubano ha impulsado prácticas que han modificado el ecosistema de remesas, fomentado la dolarización parcial de la economía y dado espacio a proveedores privados de bienes que dependen de divisas que el sistema bancario estatal no puede garantizar.

Aunque es difícil estimar montos exactos, en los últimos años, ha disminuido el envío de remesas por canales oficiales. El teniente coronel Yisnel Rivero, jefe del Departamento de Delitos Económicos del Órgano de Instrucción del Minint, ha asegurado que «el país recibe menos del 10 % de lo que antes entraba», debido a las sanciones estadounidenses y a «nuevas modalidades delictivas que retienen el dinero fuera de fronteras».

La versión oficial sostiene que ciudadanos radicados en Estados Unidos «financian» redes dedicadas a introducir divisas en Cuba fuera del control del sistema bancario estatal. Estos mecanismos, aseguran, «secuestran» remesas que deberían ingresar por las vías formales y afectan la disponibilidad de divisas en el país.

El señalamiento contrasta con la evolución del sistema de remesas de las últimas décadas. Durante años, el Gobierno cubano impuso gravámenes a los dólares que entraban al territorio nacional; tiempo después, ha congelado cuentas en divisas de empresas extranjeras y ciudadanos, una medida que generó desconfianza hacia el sistema bancario local. Además, desde 2020, Western Union suspendió parte de sus operaciones en Cuba debido a sanciones estadounidenses y a la incapacidad de operar en un esquema financiero transparente.

En paralelo, surgieron canales alternativos para el envío de recursos. Algunos fueron tolerados, otros fueron promovidos de manera indirecta por el Estado a través de la creación de tiendas en moneda libremente convertible (MLC) y de la legalización de mercados online operados por empresarios cubanoamericanos —la llamada «exportación en frontera»— que venden productos dentro de la isla con pagos procesados fuera del país. Estos negocios no forman parte del sistema financiero cubano, pero han sobrevivido porque permiten el reaprovisionamiento constante en un entorno en el que las instituciones estatales no pueden garantizar inventarios ni liquidez.

Para muchas personas fuera del país se convirtió en una opción más atractiva comprar (con el dinero que antes mandaba como remesa) un «combo» de productos alimenticios o aseo que le entregan a su familia en Cuba o enviar lo que necesiten mediante una agencia de Florida y otros estados con presencia de la diáspora cubana.

Esta estructura no solo transformó la lógica de las remesas, sino que consolidó un flujo de divisas que inevitablemente permanece fuera del control estatal porque los emprendedores necesitan mantener sus fondos en el exterior para poder importar mercancías y sostener su operación. Y este es un cambio que no es producto de la «guerra económica de Estados Unidos».

Las mipymes en el centro del conflicto

Uno de los elementos más llamativos de los reportajes del Minint es la afirmación explícita de que las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) cubanas se abastecen mediante mecanismos que el Gobierno califica de ilícitos.

Funcionarios entrevistados en la televisión estatal alegan que proveedores radicados en Estados Unidos establecen tasas de cambio basadas en el mercado informal cubano y la información de elTOQUE —no en el tipo de cambio oficial— y que esta dinámica «distorsiona» la economía nacional.

Sin embargo, no se ha consolidado en Cuba ninguna vía efectiva para que las mipymes adquieran divisas de forma legal. El mercado cambiario oficial mantenía, hasta el 18 de diciembre de 2025, una tasa fija para personas naturales de 120 CUP por dólar, considerada artificial por la mayoría de los actores económicos. Este día el Banco Central de Cuba (BCC) —en un intento de lograr «la transformación del mercado cambiario»—, agregó una «tasa flotante» de actualización diaria cuyo valor inicial del dólar fue similar a la referencia informada por elTOQUE.

Sobre las nuevas medidas, el economista Pavel Vidal opinó: «No hay una actualización de las tasas oficiales de 24 CUP [válida para empresas estatales y sus operaciones] y 120 CUP, lo cual implica que no solo se mantiene, sino que incluso se amplía el sistema de tipos de cambio múltiples y sus divergencias. El esquema pasa a incluir cuatro referencias: la tasa de 24 CUP, la de 120 CUP, la nueva tasa oficial flotante y la tasa del mercado informal, cuya evolución habrá que observar a partir de ahora para evaluar su grado de convergencia o divergencia con respecto a la oficial».

Aun si las tasas oficiales fueran creíbles, ni los bancos ni las casas de cambio (Cadeca) han demostrado tener disponibilidad en divisas para vender a empresarios privados. La única forma de cerrar el ciclo financiero ha sido, hasta ahora, adquirirlos en el mercado informal.

Es precisamente esa mecánica —conocida y tolerada por el Gobierno— la que hoy aparece descrita como una «trama delictiva internacional». Esa contradicción evidencia la volatilidad conceptual con la que el Estado regula al sector privado: la actividad es necesaria, pero simultáneamente puede ser criminalizada en cualquier momento.

El caso Humberto Julio Mora y las cifras del Minint

Los reportes oficiales identifican como supuesto cabecilla de una de las redes a Humberto Julio Mora Caballero, un empresario de origen cubano residente en Florida. Según el relato oficial desarrollado en el expediente de fase preparatoria 121/2025, Mora —a quien señalan como «financista»— «obtenía fondos de divisas en territorio norteamericano y, mediante una red de testaferros, abrió más de 30 cuentas bancarias para mover el dinero y pagar a proveedores».

En Cuba, coordinaba la recolección de dinero en efectivo proveniente de mipymes para financiar importaciones. Las autoridades afirman que el esquema movió «más de 1 000 millones de pesos cubanos y unos 250 000 USD».

La televisión estatal presenta esas cifras como prueba del impacto «distorsionador» del entramado. No obstante, un monto de 250 000 USD no es una cantidad determinante en una economía nacional, incluso en crisis; y resulta insuficiente para justificar la narrativa de que ese flujo es responsable del déficit de efectivo en el país o de la escasez de divisas en los bancos.

Las autoridades del Minint sostienen que «la divisa fresca se quedó en Estados Unidos», una afirmación que analistas cuestionan señalando que ninguna empresa privada colocaría capital en bancos cubanos por miedo a la falta de liquidez y a precedentes de congelación de cuentas.

Como si fuera un elemento negativo adicional, el teniente coronel Yisnel Rivero ha mencionado que los financistas como Humberto Mora utilizaban para sus operaciones en Cuba la referencia de «la tasa que tiene elTOQUE vigente en ese momento, no la tasa que tiene el sistema bancario cubano».

El economista Pavel Vidal había advertido lo que estaba detrás de la ofensiva contra operadores de remesas y cambio informal: «es muy probable que el Gobierno haya valorado que, antes de lanzar la alternativa cambiaria oficial, es necesario debilitar primero (y, de ser posible, aniquilar) las estructuras y a algunos de los actores que conforman el mercado cambiario informal y a la plataforma [elTOQUE] que publica las principales referencias del precio de las divisas». Este análisis fue confirmado por el anuncio del BCC del 17 de diciembre de 2025.

Señales contradictorias hacia el sector privado

En su parte final, un reportaje televisivo emitido el 22 de noviembre de 2025 insiste en que el «enfrentamiento no es contra las mipymes», sino contra los «flujos ilegales» de divisas. Sin embargo, deja una señal inequívoca: las formas de reaprovisionamiento que han permitido la existencia de negocios privados desde 2021 están, según la narrativa oficial, en un terreno ilegal. Y aunque estas prácticas han sido toleradas por el Gobierno, podrían dejar de serlo en cualquier momento.

La tensión es evidente: sin acceso a divisas, las mipymes no podrían importar mercancías ni sostener sus operaciones; si se criminaliza el modo en que hoy obtienen recursos, el sector privado quedaría paralizado.

Aun así, el elemento más impactante es el reconocimiento explícito de que una parte sustancial del sistema económico cubano —incluido el sector no estatal que el Gobierno afirma querer desarrollar— opera en la ilegalidad.

¿Por qué un Estado como el cubano que tiene la obligación de hacer cumplir la ley permite que un sector creciente y cada vez más determinante de la economía cubana actúe en lo que ha definido como «ilegalidad»? La respuesta es sencilla: porque es un régimen al que la legalidad no le interesa y solo la utiliza en función de sus beneficios e intereses particulares, como corresponde a los regímenes despóticos.

El país enfrenta la paradoja de depender de mecanismos que sus instituciones consideran ilícitos y de los cuales, sin embargo, no puede prescindir.

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Publicación fuente ‘El Toque Jurídico’