Alberto Méndez Castelló: ¿Quién investiga a la Seguridad del Estado?

DD.HH. | 18 de noviembre de 2026
©Makarov / Centro de estudios Grl Mosconi

Un corresponsal de CubaNet en La Habana, el ciudadano cubano Vladimir Turró Páez, públicamente, denunció la semana pasada hechos cometidos contra su persona por policías vestidos de civil que se identificaron y actuaron como oficiales de la Seguridad del Estado.

Esos sucesos ocurridos según dijo Turró Páez, constituirían delitos de desaparición forzada; tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; privación ilegal de libertad; y, por supuesto, también calificaría el delito de coacción, todos, transgresiones conceptuadas y sancionadas como Delitos contra la dignidad humana y Contra los derechos individuales según los Títulos XIII y XIV del vigente Código Penal cubano.

Según el testimonio de Vladimir Turró Páez , él se encontraba en el domicilio de su señora madre, en el reparto La Lisa, cuando hasta allí llegaron tres oficiales de la Seguridad del Estado, muy jóvenes, vestidos de civil, quienes lo conminaron para que subiera a un automóvil, y ya dentro del vehículo y obligado a permanecer con la cabeza baja para impedirle ver hacia donde viajaban, fue conducido hasta un paraje solitario, a un “monte”, donde se detuvieron, y, bajando a Turró Páez del auto, lo coaccionaron empleando un arma de fuego para que cesara su colaboración periodística con CubaNet.

Luego, según declaraciones públicas de Vladimir Turró, fue conducido hasta la Sexta Unidad de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), con el mismo propósito, _cesar su colaboración con CubaNet_ y allí fue entrevistado por alguien que se presentó como instructor penal de Villa Marista, que funciona operativamente, cual cuartel general de operaciones de la Seguridad del Estado. Declara Turró _y este no es un dato menor sino calificador de la desaparición forzada_ que, negado él a abandonar su corresponsalía con CubaNet, no fue llevado a un calabozo, sino fue encerrado en un automóvil policial, permaneciendo unas diez horas desaparecido, en manos de sus captores, hasta que fue liberado en horas de la noche.

El delito de Desaparición forzada, artículo 367.1 del Código Penal, ocurre cuando: “El funcionario público, autoridad o sus agentes que, con abuso de las atribuciones inherentes a su cargo o con quebrantamiento de las formalidades legales establecidas y con la intención de dejarla fuera del amparo de la ley, prive de su libertad a una persona y no reconozca su detención o niegue información sobre su paradero, incurre en sanción de privación de libertad de cuatro a diez años”.

Simular que se va a disparar sobre una persona a la que se apunta con un arma de fuego, exigiéndole que cumpla o deje de cumplir con un encargo determinado sea lícito o ilícito, constituye un delito de Coacción, artículo 379.1 del Código Penal. Como así mismo el artículo 368.1 del propio Código califica como Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, con rango de sanciones de entre siete y quince años de privación de libertad cuando:

“El funcionario público, autoridad, agente o auxiliar de esta o cualquier otra persona en el ejercicio de funciones públicas, intencionalmente infrinja a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, la intimide o coaccione, o la someta a cualquier otro procedimiento o condiciones que por su naturaleza, duración o circunstancias signifique un trato o pena cruel, inhumano o degradante con el fin de obtener de ella o de un tercero una confesión o información, para castigarla por un acto que haya cometido o sospeche que ha cometido…”

El artículo 371.1 del vigente Código Penal cubano califica como Privación ilegal de libertad en “quien, fuera de los casos y de las condiciones previstas en la ley, prive a otra persona de su libertad”, delito sancionado con pena de dos a cinco años. Sanción que se incrementa conforme el propio artículo 371, apartado 2, de cuatro a diez años de privación de libertad, “si para la ejecución del hecho se emplea violencia…”

Sucintamente he reseñado los delitos que concurren según el testimonio de Vladimir Turró. Y aunque no constan pruebas porque quienes así delinquieron se preocuparon por no dejar rastros, y obsérvese que en lugar de ingresar en un calabozo _ lo que hubiera dado lugar a registrar su identidad en el libro de control de detenidos_ mantuvieron a Turró encerrado en un automóvil policial según su propia declaración.

La Fiscalía Militar debía investigar y entrevistar a un presunto “instructor penal de Villa Marista”, para que diga quiénes fueron los que ante él llevaron al ciudadano Vladimir Turró Páez, previamente mantenido y coaccionado con arma de fuego en un “monte”.

Digo, esa debía ser la acción jurídica preliminar de la jurisdicción militar si no es un mero sofisma mojigato el artículo 9 de la Constitución que dice:

“Cumplir estrictamente la legalidad socialista es una obligación de todos.

“Los órganos del Estado, sus directivos, funcionarios y empleados, además, velan por su respeto en la vida de toda la sociedad y actúan dentro de los límites de sus respectivas competencias”.

Si el régimen en verdad quiere ser lo que aparenta, un Estado de derecho, cumpla con sus propias leyes. Y si no lo hace, luego no niegue que es un “Estado fallido” y “patrocinador del terrorismo”, según le imputa la administración Trump, a lo que yo no temo en afirmar porque me asisten los hechos: un terrorismo de Estado aplicado contra su propio pueblo.

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Publicación fuente ‘Cubanet’