Los proyectos que chocan con la horma oficial, van descubriendo que el límite real no son las instituciones. No es posible usar ningún espacio público para hacer un evento sin permiso de la entidad cultural local. Esto implica que las calles, parques, playas de la Isla, NO son del pueblo. El secuestro del Festival Rotilla y su sucedáneo “Verano Jibacoa”, es una muestra palpable de cómo opera el gobierno, violando leyes de derecho de autor, robando un público creado con esfuerzos y recursos ajenos, y arrasando con cualquier concepto ideoestético. Para seguir leyendo…