«La gran mayoría de las muertes de reclusos no se reportan, pero se piensa que las víctimas suman cientos cada año», indicó la organización. Recordó que el Gobierno «no permite monitoreo o acceso por parte de organizaciones independientes de derechos humanos, silencia a los testigos y familiares de las víctimas y persigue a los defensores de los derechos humanos». Para seguir leyendo…