Prisoners Defenders: 25 nuevos prisioneros políticos en julio en Cuba [Total actual: 1176]

Las manifestaciones por la libertad, los derechos y contra la ausencia de servicios básicos en Cuba (agua potable, comida, saneamientos, electricidad, sanidad y otros), ya no son eventos puntuales, y han devenido en un formato de resistencia resiliente en el tiempo contra un régimen grotescamente represivo y fracasado que no solo no presenta soluciones a los problemas de los ciudadanos, sino que ejerce una represión sistemática inhumana contra los ciudadanos apolíticos de a pie que se manifiestan desesperados y con hambre por toda Cuba. 25 nuevos prisioneros políticos han entrado en la lista este mes de julio en Cuba. Igualmente, ha habido 7 bajas, 6 por cumplimiento íntegro de sanción y una lamentable baja de la lista por fallecimiento: el de Yan Carlos González, como consecuencia de una prolongada huelga de hambre a modo de protesta por su arbitrario encarcelamiento e inhumana situación.

Nuevos prisioneros políticos en Cuba en julio 2025

Tras meses de investigación, obstaculizada principalmente por el miedo de los afectados, hemos podido confirmar que 17 detenidos por las manifestaciones de marzo de 2024 en Granma se encuentran bajo autos fiscales sin tutela judicial alguna, y que afectan a su libertad desde entonces.

Los 17 prisioneros políticos participaron en protestas pacíficas que se produjeron en marzo de 2024 en la provincia de Granma, Cuba, cuyo detonante fueron la profundidad de la crisis económica, los apagones interminables de más de 15 horas y la escasez de alimentos y medicinas, cuyo único responsable es el régimen de Cuba, en un contexto de ausencia de todas las libertades fundamentales. Los 17 fueron detenidos en marzo de 2024 y, tras haber pasado más de un año en prisión, la mayoría de ellos, dieciséis conocieron sus peticiones fiscales el pasado 20 de junio. Todo ello, ejecutado sin tutela judicial alguna.

Entre estos 17 nuevos prisioneros políticos de Cuba se encuentran tres miembros de una misma familia. Son René Aguilera Aguilar, que lleva más de 1 año en prisión. De acuerdo con la petición fiscal, se solicita para el preso político una condena de 6 años de privación de libertad. Para su esposa,Odalys Zamora Rondón, se solicita una condena de 7 años de privación de libertad. El menor de la familia, Juan Carlos Verdó Zamora, detenido con 18 años, tras haber pasado más de 1 año en prisión aún no ha recibido la petición fiscal siquiera.

Fueron también detenidos en el contexto de las protestas pacíficas de Granma ocurridas el pasado 17 y 18 de marzo de 2024,  Mario Luis Espinosa Cedeño  y Osvaldo Núñez Villavicencio, para los que el régimen solicita una condena de 5  años de privación de libertad.

David Alexander Téllez Pérez fue detenido también en marzo de 2024 en el contexto de las protestas pacíficas de Granma, y la “Fiscalía” del régimen le pide una condena de 4 años de privación de libertad.

Daniellys Jorge Puig, Lázaro Armando Morales Romero, Jesús de Nazaret Alzuaga Almaguer, Frankie Carmona Arias, Reinaldo Lucas Leyva Romero, Antonio Zamora Blanco, Ángel Luis Céspedes Cruz, Pedro de Jesús Martínez Rivero y Jorge Alexis Milanés Cedeño fueron también detenidos en marzo de 2024 en el contexto de las protestas pacíficas de Granma, y la “Fiscalía” del régimen ha pedido para ellos una condena de 3 años de privación de libertad en prisión.

Duaniel de Jesús Carmona Verdecia, igualmente detenido en el contexto de las protestas pacíficas de Granma ocurridas el pasado 17 y 18 de marzo de 2024, tras pasar más de 1 año en prisión, conoció el pasado 20 de junio la petición fiscal en la que la “Fiscalía” le pide una condena de 2 años de prisión domiciliar y, por otro lado, para Rangel Miguel Domínguez Reyes la “Fiscalía” pide 3 años de prisión domiciliar.

Luis Ángel Cuza Alfonso, periodista y activista miembro del MONR y del Movimiento Democracia (MD) ha sido trasladado a la prisión de máxima seguridad Combinado del Este, en La Habana, acusado falsamente de haber incurrido en los delitos de “tenencia ilegal de armas” y “otros actos contra la Seguridad del Estado“. El preso político ya había sido condenado con anterioridad a 1 año y 6 meses de privación de libertad por un fabricado delito de “Desórdenes Públicos“, condena que extinguió el pasado 3 de mayo de 2025 en la prisión Combinado del Este. Fue detenido el 1 de diciembre de 2022 junto a dos compañeros mientras hacían cola para comprar pollo. La Seguridad del Estado, la policía y los funcionarios de la tienda los acusaron falsamente de alterar el orden, lo que llevó a su arresto y a la imposición una medida cautelar de fianza en efectivo de 20,000 CUP, todo ello sin tutela judicial. Posteriormente, la citación a juicio se presentó el 26 de octubre de 2023, y la vista oral tuvo lugar el 6 de noviembre de 2023 en el “Tribunal” Municipal Popular de Centro Habana, donde fue condenado tras un procedimiento sumario. Durante su encarcelamiento, Luis Ángel enfrentó duras condiciones. Desde noviembre de 2023, fue confinado en una celda de castigo como medida represiva, y le negaron de manera injustificada el pase a un régimen de mínima severidad, entre otras violaciones. Su esposa, en multitud de ocasiones, expresó preocupación por su salud, señalando el hambre, alergias y dolencias no tratadas, y la falta de medicamentos mientras Luis Ángel esperaba el cambio de régimen penal al que tenía derecho. No obstante, no era la primera condena arbitraria que se le imponía. El 30 de abril de 2021 fue detenido durante una protesta pacífica en La Habana, donde la multitud coreaba “Patria y Vida”. Acusado de “Desórdenes Públicos” y “Resistencia”, la “Fiscalía” le impuso la prisión provisional sin tutela judicial en la mazmorra de Agüica, Matanzas durante 8 meses.

También ha entrado en la lista de Prisoners Defenders, el pasado mes de julio, el prisionero político Alfredo González, quien se encuentra bajo auto fiscal de medida cautelar de fianza bajo amenazas, también sin tutela judicial. Fue detenido el pasado julio de 2025 en su vivienda después de que varios funcionarios acudieran a la casa para que se dirigiera a la estación policial porque, le dijeron, el jefe de la prisión donde murió su hijo lo estaba acusando de amenazas. Detenido arbitrariamente, permaneció durante dos días en la estación policial de Playa, en Matanzas. Le acusan de haber incurrido en un presunto delito de “Desacato” por llevar años exigiendo justicia tras el suicidio de su hijo Annier González, que, con 18 años, se quitó la vida con un arma de fuego en 2021 mientras cumplía el Servicio Militar en una prisión de Matanzas, conocida como Combinado del Sur. Antes de su liberación, la “Fiscalía” impuso a Alfredo una fianza de 5 mil pesos y la citada medida cautelar. El preso político había sido detenido anteriormente, el 4 de julio, cuando realizaba una caminata por Matanzas en homenaje a su hijo. Ese día fue seguido por la policía política hasta que un patrullero con un mayor del Ministerio del Interior lo detuvo y lo llevó a una estación para interrogarlo durante tres horas.

Igualmente, ha entrado en la lista de Cuba el prisionero político Yuniesky Lorences Domínguez. De acuerdo con la petición fiscal, se ha solicitado para el preso político una condena de 4 años de privación de libertad fabricándole un delito de “Desórdenes Públicos” tras haber dicho en voz alta el pasado 7 de noviembre “pongan la corriente, queremos corriente” a modo de coro junto a otros habitantes frente a la Sede del Gobierno en el municipio de Encrucijada, en Villa Clara.

Por otra parte, El preso político Miguel Alfonso Jiménez Martínez fue acusado de supuestamente lanzar piedras contra una tienda y se encontraba, desde mayo de 2025, en huelga de hambre mientras cumplía una medida cautelar de prisión provisional sin tutela judicial alguna. Debido al grave deterioro de su estado de salud y su condición crítica, las autoridades decidieron modificar la medida cautelar de prisión provisional por la de obligación contraída en acta (seguimiento, vigilancia y comparecencia periódica ante el instructor penal). Actualmente, se encuentra internado con pronóstico reservado en el Hospital Provincial Arnaldo Milián, en Santa Clara.

También ha entrado en la lista de prisioneros políticos en Cuba, clasificado en la categoría de “Otros prisioneros políticos” en Cuba debido a su historial y nuestra debida prudencia por ello, Ricardo Román Suárez Marrero. El preso político, de 60 años, fue detenido el 15 de diciembre de 2023 y condenado a 18 años de privación de libertad como represalia por ejercer su derecho a la libertad de expresión, confirmado por su sentencia. Cuando fue detenido llevaba más de 5 años siendo civil. Tras 26 años de servicio en la contrainteligencia, ejerciendo como Teniente Coronel del Ministerio del Interior (MININT), con la labor de instructor, fue jubilado anticipadamente en 2018 por negarse a cumplir una orden que afectaría a una ciudadana que él sabía inocente. Ya como civil, pasados los años, la sentencia indica cómo comenzó a publicar análisis y opiniones críticas sobre la estructura represiva del Estado cubano, supuestamente a filtrar informaciones a un medio de prensa “contrarrevolucionario” y, utilizando un seudónimo en redes sociales y siempre según la sentencia, sería el supuesto autor de artículos que publicaría un medio de prensa libre cubano-español. Los hechos parecen demostrar que, en 2018, despertó definitivamente a la realidad de Cuba y su régimen represivo y por ello dejó su estatus militar. Este tipo de casos, el de los conversos, se deben visibilizar y defender, puesto que es el camino que la oposición democrática pide realicen todos los que en la actualidad siguen en las filas de los represores, por lo que sería absolutamente irresponsable lapidarle y no transparentar y condenar las violaciones de derechos fundamentales contra él, cuando presuntamente, y según la sentencia, estaba -con su accionar durante 5 años- enmendando toda una vida profesional de errores y complicidad con la represión del régimen, causado por un entorno familiar ateo y ultra comunista desde su más tierna infancia. La sentencia manifiesta claramente que las supuestas publicaciones del preso político y ex Teniente Coronel, centradas en denunciar irregularidades, abusos de poder y corrupción dentro del MININT, así como la crítica pública de figuras del alto mando político del país, fueron la base de una imputación penal que incluyó los delitos de “Espionaje”, “Revelación de secretos concernientes a la Seguridad del Estado” y “Desacato”. Las autoridades lo arrestaron en diciembre de 2023 sin tutela judicial, y lo procesaron ante un “Tribunal” militar, cuando ya no era miembro de las fuerzas armadas ni del aparato estatal, en una clara violación de derechos. Durante el proceso, se le atribuyó la conservación de documentos clasificados y su presunto uso en los artículos publicados años después de haber sido licenciado, ya siendo civil. Pero esto último fue una excusa, puesto que ni en la sentencia se argumenta siquiera ni se detalla información que causara daño alguno a la seguridad nacional, ni que hubiese sido entregada a actores extranjeros. Tampoco se probó que sus textos divulgativos y opiniones contuvieran fragmentos concretos de documentos realmente sensibles. Sin embargo, el “Tribunal” sí puso gran énfasis en la condena basada en valoraciones ideológicas, destacando su supuesta “deslealtad” y el impacto negativo de sus opiniones sobre la “imagen de la Revolución”. La sentencia evidencia una instrumentalización del derecho penal con fines políticos para perseguir durante años a quien se negó a permanecer en el esquema represivo del régimen. Asimismo, el delito de “Desacato” fue utilizado para castigar opiniones sobre funcionarios públicos, en violación directa de los estándares internacionales sobre libertad de expresión. El juicio militar, la falta de imparcialidad judicial, la ausencia de debido proceso desde el mismo momento de la detención, y el enfoque represivo del caso sobre derechos fundamentales revelan múltiples violaciones a los derechos humanos y procesales del preso político. Su condición de exoficial supuso un seguimiento durante años y, presuponen amigos cercanos al reo, finalmente el uso por parte de ésta de un contacto en la prensa independiente que podría haber filtrado las conversaciones de ambos a la Seguridad del Estado. Al parecer, desde el mismo día que el preso político fue detenido, en diciembre de 2023, el citado periodista ni siquiera hizo ademán de hablar con la familia, interesarse por el caso, o publicar la situación, por lo que el caso ha tenido que salir a la luz por otras fuentes. Consultado el periodista citado en la sentencia por Prisoners Defenders, con el nombre, apellidos, historial y detalles del caso, en primera instancia negó conocer con Ricardo Román Suárez Marrero. Más tarde, tras conocer que nuestra información sobre el caso era absoluta (disponemos de todos los documentos procesales), tuvo que reconocer vínculos, hasta que súbitamente y en la misma conversación no sólo recobró la memoria sobre el caso, sino que, interrogándonos sobre qué familiar o amigo de Suárez Marrero era nuestra fuente, hasta nos referenció una muy reciente entrevista de un familiar de Suárez Marrero con el que precisamente Prisoners Defenders no tiene contacto alguno. Fue una conversación ciertamente desconcertante para ser la persona que la sentencia esgrime como causa de la prisión de otra. El mero hecho de pensar que el origen de la detención, prisión y condena de un crítico cualificado de la dictadura sea un posible caso de infiltración de la Seguridad del Estado en la prensa independiente cubana, es una posibilidad perturbadora.

Breve nota sobre el sistema penal procesal en Cuba

Como ha publicado Naciones Unidas en una amplia alegación firmada por 6 Mandatos de derechos humanos en junio de 2024, y con total claridad y precisión, debemos advertir que en Cuba se denominan “Tribunales” a estos ya denostados cambalaches ejercidos por personas dependientes para su formación y nombramiento, incluso por Ley, del partido comunista, y con escaso o incluso nulo conocimiento de los estándares mínimos jurídicos de derecho internacional, el cual violan de manera sistemática en múltiples ejes. Baste para ello leer los más de mil autos judiciales en poder de Prisoners Defenders y las decenas de condenas de Naciones Unidas contra las sentencias de éstos. Los llamados “Tribunales”, en realidad, no son sino meras salas de ratificación de fabricadas culpabilidades y condenas impuestas arbitrariamente y desde inicio por la Seguridad del Estado. En el Estado de Cuba los eufemismos del sistema penal son interminables y elegidos muy a propósito para poder proporcionar falsos argumentos a la izquierda extremista mundial, que durante 67 años ha pretendido que estos eufemismos del sistema “procesal” cubano no eran tales. Por terminar de explicitar la cuestión someramente, aparte de los jueces, su dependencia y nombramiento dependiente del partido, que violan de forma palmaria y constante los estándares procesales y jurídicos internacionales, el llamado “Instructor penal” no es un juez instructor, como se entiende en cualquier estado de derecho, y ni siquiera ha estudiado o ejerce como juez, sino que, por Ley, es formalmente un policía, un mero agente de la Seguridad del Estado encargado de imponer medidas cautelares que el poder político le indique -a través de la Seguridad del Estado y/o el partido único- y que son por el mismo motivo ratificadas por la “Fiscalía”, que es el órgano de imposición de condenas fabricadas con plena capacidad ejecutiva, y sin tutela judicial, según dicta su propia “Ley del proceso penal”, también entrecomillada por el mismo motivo. La “Fiscalía”, a su vez, es también dependiente enteramente del poder político del partido único. Para colmo de males, no existe la figura del abogado defensor independiente. Los “abogados defensores” dependen del Ministerio de Justicia, reciben órdenes de la Seguridad del Estado y, sin titubear, en muchos casos incluso acusan a sus defendidos de delitos que no han cometido, y en otros les niegan documentos procesales y múltiples derechos a sus defendidos. Es decir, el sistema penal y procesal cubano es un teatro represivo repleto de eufemismos que la familia Castro ha elaborado para ahorrarse el sonrojo de firmar, ellos mismos, todas y cada una de las arbitrarias sentencias políticas, y no políticas, desde 1959 hasta la fecha, para que así lo hagan para ellos toda una horda de personajes a su servicio, unas veces malvados y otras muchas, además, tontos útiles: policías, instructores, fiscales, jueces y abogados. Todo un despropósito procesal que tiene que ser asumido por quienes realmente quieran conocer lo que sucede en el sistema penal cubano.

[Para ir al Informe de PD completo…]