Provoxve & DDC: Vigilancia, censura y propaganda / El control digital del régimen cubano

En Cuba, compartir un meme es motivo para ser multado, pasar por una desaparición forzosa o ser condenado a prisión. En los últimos cuatro años, más de 100 cubanos han sufrido algún tipo de represalia por alzar su voz en redes sociales. Al menos 42 acabaron la cárcel, muchos de ellos condenados a penas de hasta 15 años y otros a la espera de juicio.

Para regímenes como el cubano, mantenerse en el poder por tantos años ha sido posible gracias a un avanzado sistema de represión que busca silenciar cualquier tipo de crítica o protesta. Estos mecanismos han ido evolucionando con el paso de los años; ya no solo basta con censurar a la prensa y eliminar medios independientes, sino que el «control» de las redes sociales también forma parte de una estrategia mucho más sofisticada y peligrosa. En la Isla no solo corre peligro quien se atreva a protestar en las calles, también están en riesgo quienes emiten alguna opinión en internet.

A esto se le suma la promulgación de leyes para censurar, la imposición de narrativas en línea mediante un ecosistema de más de 54 cuentas de medios e instituciones públicas, y un sistema de vigilancia permanente en redes como Facebook, WhatsApp y X, donde cualquier opinión o crítica puede ser rastreada y convertirse en motivo de castigo.

Prisión por publicar en redes

En Cuba, un post puede costarte la libertad. Lo sabe bien Alexander Mario Fábregas, un joven cubano de 34 años que en marzo de 2025 fue condenado a siete años de prisión por compartir videos en los que, según la justicia cubana, «cuestionó el sistema del Estado y atacó al presidente».

La sentencia 20/2025, emitida por la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Provincial Popular de Villa Clara, lo declaró culpable del delito de «propaganda contra el orden constitucional», una figura legal ambigua que le permite al Estado criminalizar expresiones disidentes bajo la justificación de defender el socialismo.

Según el fallo, Fábregas hizo transmisiones en vivo (directos) en Facebook en las que defendió la desobediencia civil como un derecho, pidió la liberación de los presos políticos y llamó a la ciudadanía a salir a las calles a protestar. Para el tribunal, estas acciones fueron pruebas suficientes de que intentaba «atentar contra la estabilidad social y el Estado socialista proclamado por la Constitución».

El caso de Alexander Fábregas no es aislado. Desde 2021, al menos 42 personas han sido encarceladas por publicaciones en redes sociales, según un monitoreo de DIARIO DE CUBA. En total, más de 100 ciudadanos han sido sancionados desde 2021; algunos enfrentan procesos judiciales activos.

Del total, el reporte señala que 43 ciudadanos recibieron multas por 3.000CUP, este monto equivale en el mercado informal cubano a alrededor de siete dólares, aunque al cambio oficial equivale a 125 dólares. Sin embargo, el valor de estas multas para los cubanos es extremadamente abusivo, no por su equivalencia en dólares sino porque este monto equivale al salario mensual de un trabajador.

Por otro lado, las al menos 42 personas encarceladas por sus publicaciones en redes sociales han sido acusadas de propaganda enemiga, propaganda contra el orden constitucional, desacato, sedición e  instigación a delinquir. Mientras unos han sido liberados tras cumplir sus condenas, al menos 20 personas, como Fábregas, siguen tras las rejas por ejercer su derecho a expresarse en internet.

A pesar de la censura, entre enero y agosto de 2025 Probox registró 13.938 menciones sobre presos políticos en redes sociales, la mayoría en X (71,9%), seguidas por Facebook (15,9%), Instagram (8,8%) y TikTok (3,4%). Los términos más repetidos fueron «prisión», «libertad para», «presos políticos» y etiquetas como #AbajoLaDictadura y #PresosDeCastro.

Esto evidencia que, aunque en Cuba cada vez es más riesgoso opinar, protestar o hablar de presos políticos en internet, la censura no ha logrado silenciar la denuncia. Casos como el de Alexander Fábregas, Mayelín Rodríguez Prado (sentenciada a 15 años), y muchos otros, aún logran visibilidad en X y Facebook, donde usuarios exigen su liberación y denuncian sus condenas. Son expresiones ciudadanas que mantienen viva una conversación que el régimen pretende silenciar.

Mecanismos diseñados para sustentar el patrón represivo

La libertad de expresión en Cuba está protegida en la Constitución, pero esta protección tiene un límite claro: debe estar siempre subordinada al sistema socialista. Esto significa que cualquier crítica o voz disidente puede ser considerada una amenaza, y la ley se usa para silenciar a quienes se atreven a cuestionar al régimen.

Normativas como la Ley 88 de 1999 han servido para encarcelar a periodistas y activistas bajo el pretexto de «conspiración con potencias extranjeras». Sin embargo, para internet el Gobierno reforzó su control con normativas como el Decreto-Ley 370 de 2018, que penaliza cualquier uso de las redes sociales o plataformas digitales que desafíe el orden establecido. Esto ha provocado que muchas personas tengan que autocensurarse o arriesgarse a multas, confiscaciones de sus equipos, o incluso la cárcel por compartir sus ideas en Facebook, WhatsApp o X.

La represión digital se intensificó después de las protestas masivas del 11 de julio de 2021 en todo el marco legal cubano. Legislaciones como el Decreto-Ley 35, que permite bloquear servicios de internet, vigilar comunicaciones y confiscar dispositivos sin orden judicial, o los decretos 42 y 43, que junto con resoluciones específicas, amplían la capacidad del Estado para controlar y sancionar el acceso a internet, fueron pensados específicamente por el régimen cubano para socavar el acceso y las libertades en las plataformas digitales.

Además, el Código Penal de 2022 ha endurecido aún más las consecuencias para quienes se expresan en internet con artículos que castigan la de «difusión de noticias falsas», la «instigación a delinquir» o la «propaganda contra el orden constitucional», que han servido para procesar a ciudadanos comunes, activistas y periodistas independientes, con condenas de hasta 15 años de cárcel. Finalmente, la Ley de Comunicación Social de 2023 cierra el círculo represivo, establece control absoluto del Estado cubano sobre todos los medios, tanto en plataformas tradicionales como digitales, impidiendo cualquier tipo de prensa independiente, obligando a los periodistas a alinearse con la narrativa oficial y limitando la pluralidad informativa.

Estas leyes no son solo normas: son un patrón sistemático y coordinado para controlar la narrativa y silenciar toda disidencia, incluyendo la digital, afectando de manera directa a activistas, periodistas y ciudadanos comunes que buscan ejercer su libertad de expresión.

A través de lo que hemos resumido en siete estrategias diferenciadas pero interconectadas, el régimen cubano ha logrado uno de los objetivos de toda dictadura: un alto control social para reducir cualquier voz crítica. Este es el esquema que siguen para ejercer su control:

1. Vigilancia y monitoreo digital: 
El Estado vigila constantemente los contenidos en redes como Facebook, WhatsApp y Twitter (X), rastreando publicaciones, mensajes y transmisiones en vivo. Esta vigilancia está amparada en el Artículo 16 de la Constitución, que justifica la intervención en el ciberespacio con argumentos de ética y bien común. Para quienes se expresan a través de estas plataformas, esto significa que cualquier crítica puede ser detectada y usada como pretexto para represalias, como muestran los casos de Alexander Verdecia, Yoan Ricardo Llerena, y de Félix Daniel Pérez Ruiz y Cristhian de Jesús Peña Aguilera, encarcelados por publicar críticas en Facebook.  
2. Ciberacoso y campañas de difamación: 
Activistas y periodistas independientes son atacados desde cuentas vinculadas al gobierno que difunden información personal y falsas acusaciones para desacreditarlos. Este control informativo se sustenta en el Artículo 55 de la Constitución, que otorga al Estado el monopolio de los medios y facilita la censura de voces críticas. En el terreno digital, esto se refleja en campañas como las fotos manipuladas del dramaturgo Yunior García para ridiculizarlo, o la difamación sistemática de opositores como José Daniel Ferrer o Félix Navarro, por sólo mencionar algunos. A esto se suman programas televisivos como Con Filo y Hacemos Cuba, diseñados para atemorizar a la población y desacreditar en pantalla y en redes sociales a quienes ejercen sus derechos.

3. Citaciones, amenazas e intimidación:
Las personas que publican contenidos contrarios al gobierno suelen ser interrogadas por la Seguridad del Estado, muchas veces incluso sin citación formal. Durante estos interrogatorios —que pueden durar desde unas horas hasta varios días, según Amnistía Internacional— también se les amenaza con la pérdida del empleo o represalias contra sus familiares. Estas medidas se amparan en el Artículo 86 de la Ley de Procedimiento Penal, aunque en la práctica se usan para sembrar miedo y coartar la libertad de los ciudadanos.  
4. Detenciones arbitrarias: 
Usuarios de redes sociales son detenidos sin explicación alguna, acusados de delitos ambiguos como desacato (Código Penal, Artículo 185) o «propaganda contra el orden constitucional» (Artículo 124), lo que permite al Estado penalizar críticas, opiniones o llamados a la movilización vía internet. Las víctimas van desde casos como el de Sulmira Martínez Pérez, arrestada por publicaciones en Facebook que convocaban a protestas ciudadanas y aún permanece presa sin juicio; Mayelín Rodríguez Prado encarcelada tras exigir públicamente mejores condiciones de vida;  hasta Luis Manuel Otero Alcántara, quien cumple cinco años de prisión por organizar performances críticos y difundirlos en redes; el rapero Maykel Castillo Pérez (Osorbo), sentenciado a nueve años por letras y transmisiones en vivo contra el régimen; o el comediante Yoandi Montiel Hernández (El Gato de Cuba), quien pasó más de un año detenido por sus transmisiones satíricas en YouTube y Facebook.

5. Multas y confiscación de equipos:
El Decreto-Ley 370, conocido como la «Ley Azote», prohíbe difundir información considerada contraria a la moral o al interés social, imponiendo multas que equivalen al salario mensual de muchos cubanos (3.000CUP) y confiscando teléfonos o computadoras. Estas sanciones buscan limitar el acceso a la información y restringir la circulación libre de ideas. Un ejemplo de esto es la multa impuesta en junio de 2024 al periodista independiente Julio Aleaga Pesant por difundir en las redes sociales publicaciones en las que criticaba la falta de derechos en Cuba y la represión que ejerce el régimen contra sus ciudadanos.
6. Bloqueo y restricción del acceso a internet: 
En momentos de protestas o eventos sensibles, el Gobierno bloquea o suspende el servicio de internet para evitar la organización ciudadana. El Decreto-Ley 35 (2021) legitima estas acciones, permitiendo la suspensión de conexiones bajo la excusa de proteger el «orden constitucional», generando un ambiente de autocensura y miedo. Una evidencia reciente de esto se dio durante las protestas del domingo 17 de marzo de 2024, cuando varios usuarios y medios de comunicación reportaron cortes de Internet en las zonas en las que hubo mayor concentración de manifestantes.

7. Control absoluto de la infraestructura digital:
 ETECSA, la única operadora de telecomunicaciones en la Isla, es la herramienta principal para censurar y vigilar internet en Cuba. Con decretos como el 360/2019, el Gobierno mantiene el monopolio sobre todas las comunicaciones, dificultando el acceso a información independiente y reforzando la represión en el espacio digital.

Redes sociales controladas: «baja» la protesta, sube la propaganda

El 11 de julio de 2021 marcó un antes y un después en la protesta digital cubana, cuando miles de ciudadanos salieron a las calles y usaron las redes para mostrarle al mundo la represión y el descontento que se vivía en la isla. Cuatro años más tarde, el panorama es otro.

Al revisar la conversación digital histórica, la protesta ciudadana aparece reducida frente a la narrativa estatal. Entre enero de 2021 y agosto de 2025, apenas se posicionaron 46 tendencias en X vinculadas con detenciones arbitrarias, destacando #LibertadParaLosPresosPolíticos (8 veces) y #SOSCuba (5 veces), que en conjunto sumaron unos 312.000 tuits. En contraste, el aparato oficial impulsó 1.788 tendencias y 33,5 millones de tweets, mientras que la conversación ciudadana apenas superó los 3,2 millones, en el mismo período; una diferencia de casi 10 a 1.

El volumen de la protesta resulta mínimo frente al despliegue oficialista: entre 2021 y 2025, la conversación sobre presos políticos representó apenas el 2,34% de las tendencias en X y el 1,22% de los tuits generados en el ecosistema cubano. Esta diferencia no se explica solo por la censura, sino por un sistema de propaganda digital estatal sofisticado que logra colocar la narrativa oficial muy por encima de las denuncias ciudadanas.

Un «éxito» que no es espontáneo ni casual, sino el resultado de una maquinaria diseñada para amplificar de manera sistemática el discurso oficial:

Etiquetas promovidas en la televisión nacional: En un país donde los apagones superan las 10 horas diarias, cada día, el Gobierno cubano anuncia en la televisión nacional las etiquetas que luego sus estructuras digitales (una maquinaria organizada desde las más altas instituciones del Estado) posicionan en redes.

1. Red Institucional para posicionar narrativas digitales: Con el análisis de datos realizado entre enero de 2021 y agosto de 2025, logramos documentar cómo se distribuye ese esfuerzo: usuarios coordinados afines al régimen cubano («tropas») que promovieron 378 tendencias, la Presidencia y Díaz-Canel 289, distintos ministros 135, el Partido Comunista y su Comité Central 115, la Cancillería 48 y hasta el Ministerio de las Fuerzas Armadas, 20.
2. Estructura de amplificación: El hallazgo más revelador está en la red coordinada de difusión: 46 medios de comunicación e instituciones estatales operan activamente en plataformas digitales para amplificar las narrativas del régimen. No se trata solo de cabeceras nacionales como Granma, Juventud Rebelde, Trabajadores, Prensa Latina o la Agencia Cubana de Noticias (ACN); también están las televisoras como Cubavisión Internacional, el Sistema Informativo de la Televisión Cubana y Canal Habana. A esto se suman decenas de publicaciones y emisoras nacionales, provinciales y locales que funcionan como repetidoras digitales de la línea oficial: Radio Rebelde, Radio Habana Cuba, Radio Reloj, Radio Cubana, Radio Camagüey, Radio Guamá, Radio Granma, TeleTurquino, La Demajagua, La Jiribilla, Latido Izquierdo, Prensa Cuba España y el Portal de la Radio Cubana en Internet, entre muchos otros.
3. El contenido es reiterativo y temáticamente alineado: consignas como «Patria o muerte» o «La lucha no ha cesado», exaltación de figuras históricas como Fidel y Raúl Castro, defensa del socialismo, campañas de solidaridad con gobiernos aliados como los de Venezuela o Nicaragua, y mensajes que desvían la atención de las denuncias ciudadanas. También hay un fuerte componente internacional: apoyo a Palestina e Irán, rechazo al embargo estadounidense y a las listas internacionales (como la del Departamento de Estado de EEUU) que   señalan a Cuba como patrocinador del terrorismo.

Esta red multiescala, que articula instituciones estatales y medios nacionales, provinciales, hasta plataformas culturales y comunitarias, multiplica de forma coordinada las etiquetas oficiales, genera millones de interacciones y relega la protesta ciudadana. La consecuencia es un ecosistema digital profundamente desigual y casi distópico: en un país donde la conexión es limitada para la mayoría y costosa, la propaganda del régimen nunca se detiene. 

Pero esto no se trata de una práctica aislada, sino de la consolidación de un modelo institucional de propaganda digital que funciona como política de Estado y que se evidencia también en otros países de la región, como parte de una estrategia autoritaria global.

Un patrón que se repite en la región

El modelo cubano de control digital —basado en vigilancia, criminalización del discurso y saturación propagandística en línea— no es un caso aislado. En la región, regímenes como Venezuela, Nicaragua, y otros como El Salvador, han replicado prácticas similares para neutralizar la voz de la disidencia en internet, convirtiendo a las redes sociales en herramientas de censura y persecución.

En Venezuela, la Ley contra el Odio ha servido para encarcelar ciudadanos por simples publicaciones, mientras el aparato estatal opera una red de cuentas automatizadas y coordinadas (muchas de estas en alianza con el Gobierno de Cuba) que inundan las plataformas en línea con propaganda. Los bloqueos selectivos de internet y la criminalización de la crítica son parte de un patrón institucional diseñado para sofocar la denuncia ciudadana.

En Nicaragua, la Ley de Ciberdelitos de 2020 abrió la puerta para castigar cualquier publicación considerada «falsa» o «desestabilizadora». Allí, como en Cuba y Venezuela, quienes se atreven a cuestionar al Estado desde sus perfiles personales enfrentan vigilancia, citaciones, multas o cárcel. A la par, los medios oficiales reproducen la narrativa gubernamental y desacreditan a las voces opositoras.

No solo se replican prácticas similares, la coordinación entre estos regímenes también se refleja en el terreno digital. Entre 2023 y 2024, cuentas cubanas ayudaron a posicionar tendencias impulsadas por el oficialismo venezolano, como las misiones médicas. En marzo de 2023, la etiqueta #ChávezInfinito, recordando al expresidente venezolano socialista, fue tendencia simultánea en ambos países. Nuestro monitoreo confirma que el 60% de las tendencias oficialistas en Cuba provienen de apenas diez grupos estructurados, entre los que destaca De Zurda Team, una comunidad digital afín a los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua, que desde 2021 ha promovido al menos 56 etiquetas en X hasta el presente año. Aunque se presenta como un grupo juvenil, ha sido señalado por usar cuentas falsas para acosar a disidentes y coordinar campañas de hashtags a favor del oficialismo; sumado a que medios independientes como YuCaByte han documentado vínculos de algunos de los miembros de  esos grupos con el Estado y medios oficiales, y varias de sus cuentas han sido suspendidas por violar las normas de las plataformas.

Además, el respaldo trasciende la región. Aliados como China y Rusia amplifican la narrativa oficialista cubana en español a través de sus medios internacionales. Xinhua y CGTN difunden notas que culpan a Estados Unidos de la crisis en Cuba, lo mismo hace RT y  Sputnik. También se suman a la celebración de fechas importantes para el castrismo, como el 26 de julio, «Día de la Rebeldía Nacional» en la propaganda oficial, y además se promocionan acuerdos bilaterales. Mientras tanto, Moscú se hace presente en campañas como #YoSigoAMiPresidente, posicionada 10 veces en 2024 para respaldar a Díaz-Canel, incluida su visita a Rusia en marzo, en pleno contexto de protestas en la Isla.

Lo que ocurre en Cuba, no queda dentro de sus fronteras; la Isla es un laboratorio autoritario cuyos métodos de censura, propaganda y control digital se alimentan y se replican en otros regímenes de la región, y además, encuentran eco en aliados globales. 

La vigilancia, la persecución judicial y la manipulación informativa forman parte de un patrón transnacional que adapta la tecnología para sofocar la disidencia y garantizar la permanencia en el poder.

Entender la represión digital cubana es también entender cómo se sostienen las dictaduras del siglo XXI: no solo con leyes restrictivas y miedo, sino con operaciones de propaganda en línea sofisticadas que moldean la conversación pública. Aún así, las voces ciudadanas persisten, recordando que ni la censura ni la manipulación son capaces de borrar del todo el reclamo por libertad.

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Publicacipon fuente ‘Provoxve & Diario de Cuba’