Raúl Medina Orama: Lis Cuesta, Alejandro Castro Espín y el hijastro de Díaz-Canel entre los nuevos sancionados por Washington

El Departamento de Estado de Estados Unidos impuso el 4 de junio de 2026 nuevas sanciones a figuras y entidades vinculadas con el régimen cubano, incluido el gobernante Miguel Díaz-Canel, así como Alejandro Castro Espín y Raúl Alejandro Castro Calis, hijo y nieto de Raúl Castro, respectivamente. También se incluyen otros organismos cubanos que «socavan» a Estados Unidos.

No es la primera vez que Washington sanciona a Díaz-Canel, designado por el general Raúl Castro como presidente de Cuba y su sucesor formal al frente del Partido Comunista. En 2025, Estados Unidos le prohibió la entrada al país a él y sus familiares directos por violaciones graves de derechos humanos relacionadas con la represión a las protestas de julio de 2021.

Ahora, se añaden sanciones financieras para el mandatario, así como para su esposa Lis Cuesta Peraza y su hijastro, Manuel Anido Cuesta. También se aplicaron sanciones similares a Castro Espín, quien tiene una carrera como alto oficial del Ministerio del Interior y fue uno de los protagonistas por la parte cubana del acercamiento de la isla con Barack Obama durante su segundo mandato.

Según informó El Nuevo Herald, «el secretario de Estado Marco Rubio también está sancionando al Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, a los Comités de Defensa de la Revolución y al Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos [ICAP], una organización que difunde “la ideología radical del régimen cubano en el extranjero,” y que (…) apoya actividades de inteligencia y contrainteligencia cubanas».

Rubio dijo que las personas y entidades sancionadas «sostienen la maliciosa campaña del régimen para subvertir y desestabilizar» la seguridad nacional de EE. UU., y mencionó que las sanciones apuntan a una «amplia y violenta red de acción radical del régimen cubano y a los actores que la implementan y la financian».

Otras entidades sancionadas son Amistur Cuba S. A. y la agencia de viajes del ICAP. «Las sanciones bloquean los activos de estas personas y entidades en EE. UU., y prohíben a bancos, empresas e individuos estadounidenses realizar cualquier transacción que involucre a los designados», agregó El Nuevo Herald.

Las nuevas designaciones se derivan de la orden ejecutiva del presidente Donald Trump del primero de mayo de 2026, mediante la cual autorizó sanciones «secundarias» contra empresas y bancos extranjeros que hagan negocios en sectores como energía, defensa y minería. Por esa razón, el Departamento de Estado también impuso sanciones este jueves a la compañía Minera La Victoria S. A., una empresa mixta cubana de extracción de oro creada por Antilles Gold Ltd, entidad con sede en Australia, y la empresa estatal cubana Geominera S. A., informó El Nuevo Herald.

El canciller cubano Bruno Rodríguez calificó la designación de las personas y entidades como «vil inclusión (…) en una lista ilegítima y unilateral del Gobierno de EE. UU.» con el fin de «construir un escenario de conflicto entre los dos países».

En respuesta a otra batería de sanciones anunciada el 18 de mayo de 2026, Díaz-Canel publicó en sus páginas oficiales: «En la dirección de nuestro partido, Estado, Gobierno y sus instituciones militares, nadie tiene activo o propiedad que proteger bajo jurisdicción estadounidense. El Gobierno de EE. UU. lo sabe de sobra, tanto es así que ni siquiera hay evidencia que presentar».

Su reacción respondió a las sanciones contra 11 altos funcionarios de régimen castrista, entre ellos el presidente de la Asamblea Nacional, Esteban Lazo; el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy; la ministra de Comunicaciones, Mayra Arevich; y el dirigente del Partido Comunista Roberto Morales Ojeda.

También fueron sancionados tres organismos claves del aparato de seguridad del Estado: el Ministerio del Interior (Minint), la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y la Dirección de Inteligencia (DI). Además de congelar cualquier activo de estas personas y entidades bajo jurisdicción estadounidense y prohibir transacciones con ellas, la orden ejecutiva 14404 amplió el riesgo para empresas y actores extranjeros.

Asimismo, el 20 de mayo de 2026, el Departamento de Justicia estadounidense presentó cargos formales contra el general y expresidente Raúl Castro (95 años) por su responsabilidad en el derribo en aguas internacionales, en 1996, de dos aeronaves de la organización Hermanos al Rescate; un ataque en el que murieron tres aviadores cubanoamericanos y un residente legal en EE. UU.

La Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida imputa a Castro los delitos de conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses, por asesinato y por la destrucción de aeronaves civiles. Las nuevas sanciones contra su hijo Alejandro Castro Espín, es otra vuelta de tuerca a la élite política cubana para forzar cambios en la isla.

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Publicación fuente ‘El Toque’