Yolanda Huerga: Régimen cubano cierra la puerta al sindicalismo independiente con nuevo Decreto

En un paso que consolida el control estatal sobre las nuevas dinámicas económicas del país, Cuba aprobó el Decreto 160 de 2026. Esta normativa confirma de manera categórica la exclusión de la libre asociación de los trabajadores, completando un entramado legal, fiscal y de supervisión ideológica diseñado para subordinar por completo a las fuerzas productivas no estatales al modelo socialista.

Aunque la prohibición de crear gremios fuera de las estructuras oficiales ya existía, el nuevo decreto viene a ratificar e intensificar dicha restricción. La clave de este cerco reside en la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), la única entidad legalmente reconocida para agrupar a los sindicatos dentro del país y que, por mandato constitucional, se encuentra subordinada al Partido Comunista de Cuba (PCC).

Sobre el alcance de esta medida, el abogado Raudiel Peña, integrante del centro de asesoramiento legal Cubalex, explicó:

«La prohibición del sindicalismo independiente —que se ratifica porque ya existía previamente— en este Decreto 160, tiene que ver con el hecho de que el Estado cubano monopoliza el derecho a la sindicalización mediante la Central de Trabajadores de Cuba».

«Esa prohibición expresa viene a reforzar que, en el ámbito del sector privado de la economía, específicamente en la prestación de los servicios profesionales, no se permite la libre creación de sindicatos», recalcó el jurista.

Con esta ratificación, el régimen invalida cualquier intento de organización laboral autónoma dentro de las micro, pequeñas y medianas empresas o entre los trabajadores independientes, forzando a todo el espectro laboral a someterse a la estructura oficialista.

La insistencia del régimen en el principio de «unidad sindical» choca frontalmente con los estándares internacionales de derechos laborales. Las normativas que supeditan la representación gremial a una sola organización estatal vulneran de forma directa el pluralismo y la autonomía sindical protegidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El marco legal de Cuba, ejemplo del cual es el Decreto 160, bloquea cualquier intento de autonomía laboral y proporciona a la élite de poder una herramienta para ilegalizar en la práctica a las organizaciones independientes a las que califica de “contrarrevolucionarias”, exponiendo a sus líderes al acoso de la Seguridad del Estado o acusaciones penales por delitos de asociación no autorizada.

Desde la perspectiva de los activistas y defensores de los derechos de los trabajadores, la narrativa del gobierno contrasta de manera drástica con la realidad legal y social que impone la norma.

«El régimen presenta este decreto como una opción de oportunidades, cuando en realidad criminaliza la fundación de sindicatos independientes y otros tipos de organizaciones civiles, manteniendo un fuerte monopolio gubernamental sobre sectores estratégicos y limitando las libertades fundamentales», puntualizó Iván Hernández Carrillo, secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba.

La existencia de sindicatos independientes representaría una fisura crítica en el esquema de partido único. Una organización laboral no subordinada al PCC no solo introduciría un pluralismo ideológico inaceptable para el poder político, sino que ofrecería a los trabajadores una plataforma legítima y separada para exigir demandas salariales y condiciones de trabajo reales.

En conjunto con el anteproyecto de Código Laboral, el Decreto 160 de 2026 reconfirma que la apertura a formas de gestión privadas en la economía cubana no vendrá acompañada de libertades civiles o laborales, blindando de manera definitiva el control social y político del Estado sobre cada trabajador del país.

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Publicación fuente Martí Noticias