Voces del Sur: Periodismo, violencia y persecución / Informe sobre la libertad de prensa en América Latina [Cuba, 2024]

En Cuba se registraron 232 alertas en 2024, lo que refleja una reducción del 53,2% frente a las 496 documentadas en 2023. El Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) atribuye esta disminución como una consecuencia directa del éxodo forzado de periodistas y comunicadores independientes, quienes han abandonado el país debido a la persecución sistemática y al colapso estructural del periodismo independiente en la isla. Quienes permanecen conviven con el miedo y la autocensura; quienes se han visto forzados a emigrar, lo hacen en condiciones de precariedad e irregularidad migratoria, y muy pocos pueden sostener su labor desde el exilio.

La represión se ha transformado en una estrategia estructural de silenciamiento. El 99% de las alertas fueron cometidas por actores estatales con la Seguridad del Estado como principal brazo represivo (63,2%). A través de citaciones, amenazas, detenciones y actos de intimidación, el aparato de seguridad opera como instrumento de control político. A esta estructura se suma la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A (ETECSA), que perpetró casi un tercio de las alertas (28,4%) consolidándose como pilar en el control digital y en el aislamiento informativo. Paralelamente, los tribunales, al servicio del poder ejecutivo, aplican sanciones y niegan derechos procesales, convirtiendo al sistema judicial en una herramienta de represión.

La persistencia de encarcelamientos sin debido proceso sigue siendo un mecanismo de persecución que viola de manera abierta derechos humanos fundamentales. ICLEP registró 67 detenciones arbitrarias en 2024, muchas de ellas acompañadas de amenazas y agresiones físicas; 2 casos de tortura y 8 procesos judiciales, una categoría sin precedentes en 2023. Al menos tres periodistas permanecen privados de libertad y sin garantías procesales:Carlos Michel Morales Rodríguez, Yeris Curvelo Aguilera y José Gabriel Berrenechea Chávez. Estas prácticas vulneran no solo el derecho a la libertad de expresión, sino también el debido proceso y la integridad física y psicológica de las víctimas.

[Para descargar el «Informe sobre la libertad de prensa en América Latina» en PDF]