Velia Cecilia Bobes: Cuba hoy / Crisis multidimensional y deterioro de la cotidianidad

DD.HH. | 3 de agosto de 2026

Desde hace varias décadas, Cuba atraviesa una severa crisis económica, que se ha intensificado significativamente por el impacto de la política de “máxima presión” impulsada por la presidencia de Trump, el bloqueo a las importaciones de petróleo y la alteración de sus lazos con Venezuela. A pesar de que este país también ha experimentado su propia crisis, la relación entre ambos —basada en el intercambio estratégico de petróleo venezolano a cambio de servicios profesionales, de asistencia técnica y de cooperación política— fue clave para Cuba, porque constituyó durante años una fuente para obtener energía y un mecanismo para adquirir divisas de manera indirecta y para su inserción internacional.

La crisis venezolana se ha caracterizado como una crisis multidimensional. Este concepto, que articula el colapso económico, el deterioro institucional, la polarización política y una emergencia humanitaria de gran escala, resulta igualmente útil para pensar el caso cubano. Ambos países, aunque distintos en su trayectoria política y en la intensidad de sus expresiones de conflicto, se asemejan por la convergencia de múltiples dimensiones de deterioro (económicas, sociales, institucionales y políticas), que afectan de manera profunda la vida cotidiana de sus poblaciones.

Aunque la asfixia actual ha puesto a Cuba en la mira de la comunidad internacional, su crisis no es un fenómeno coyuntural, sino la expresión más aguda de un proceso que se remonta a la década de 1990 y que ha experimentado momentos de relativa recuperación seguidos de nuevas caídas. La confluencia del endurecimiento de las sanciones y el cerco energético (con factores como las limitaciones internas del modelo económico y la disminución de ingresos provenientes de las remesas o el turismo) ha dado lugar a un escenario particularmente crítico que, a su vez, intensifica y amplía los efectos de la crisis, afectando a sectores cada vez más amplios de la población.

No se trata sólo de una crisis energética o económica, sino de una recomposición simultánea de las condiciones materiales, institucionales y políticas que han sostenido hasta ahora al modelo cubano. Esta crisis multidimensional refuerza una dinámica de asfixia estructural que impacta directamente en la reproducción social y no puede comprenderse únicamente a partir de indicadores macroeconómicos negativos, sino como un proceso de precarización que transforma la vida social en su conjunto. Esta perspectiva permite mirar la crisis desde abajo; es decir, desde la experiencia concreta de quienes viven sus consecuencias, ya que alude a un proceso acumulativo mediante el cual se deterioran progresivamente las condiciones que posibilitan una vida digna. Se trata de dinámicas tanto de desposesión como de vulnerabilidad que se despliegan en distintos ámbitos de la vida social y generan inseguridad vital, desprotección, también que se erosionen los derechos y se merme de manera continua la calidad y estabilidad de la vida.

La multidimensionalidad de la crisis implica que los procesos de precarización se superponen y se alimentan mutuamente, limitando el ejercicio de derechos sociales que han sido pilares del modelo político. La Constitución cubana de 2019 establece al Estado como el garante de la justicia social y reconoce el derecho al trabajo, a la alimentación sana y adecuada, a una vivienda digna, a la salud, la educación y la seguridad social como derechos fundamentales. También amplía la protección a grupos vulnerables (como adultos mayores y personas con discapacidad), garantiza la igualdad de género y prohíbe la discriminación. No obstante, el actual deterioro en la calidad de los servicios básicos restringe su vigencia en la práctica.

El fracaso de la Tarea Ordenamiento para unificar la moneda ocasionó un aumento de la inflación, cuya tasa anual alcanzó su máximo histórico (77.30%) en diciembre de 2021 y que, en marzo de 2026, registró un aumento de 13.42%. Según estimaciones del experto cubano Pedro Monreal —basadas en datos oficiales—, entre 2021 y 2024 el sueldo medio real ajustado a la inflación cayó 33.5% (efe, 2025). Estos factores, unidos a la devaluación del peso y a las brechas cambiarias, han reducido drásticamente el papel del trabajo formal como vía suficiente para sostener una vida digna. Esto significa que hoy, para buena parte de la población, tener un empleo no garantiza cubrir necesidades básicas, lo que constituye un giro muy relevante para una sociedad en la cual, históricamente, el empleo estatal fue la principal fuente de ingresos y un mecanismo de integración social.

Esta transformación laboral tiene implicaciones que van más allá de la mera caída de ingresos. Ante la pérdida de centralidad del empleo estatal como fuente de bienestar, las personas recurren a las remesas y a otras estrategias de supervivencia para solventar sus necesidades básicas. Según la última Encuesta Nacional de Ocupación, han aumentado tanto el trabajo en el sector no estatal (que emplea a 31.5% de los ocupados) como la informalidad (que alcanza 20%), ambos marcados por la incertidumbre y la fragilidad. Por una parte, el sector no estatal está sometido a cambios regulatorios, controles y oscilaciones de abastecimiento en un entorno económico extremadamente inestable, mientras que, en el sector informal, los trabajadores carecen de derechos y protección.

El encarecimiento y la escasez de alimentos obligan a destinar una proporción desmesurada de los ingresos del hogar a la compra de comida. En medio de esta crisis alimentaria, la dolarización parcial de la economía y el crecimiento del mercado negro han colocado la obtención de divisas como un nuevo filtro de acceso a la canasta básica, que privilegia a unos y deja a otros más expuestos al desabasto y a la inseguridad alimentaria. Además, los apagones se han convertido en una forma persistente de interrupción de la vida cotidiana. Actividades como cocinar, conservar alimentos, estudiar, trabajar o descansar se vuelven problemáticas cuando la electricidad falla durante largas horas. Los cortes de electricidad, a menudo masivos y nacionales, afectan la productividad y deterioran actividades laborales y comerciales, de por sí frágiles. A esto se suma la crisis del transporte, en particular del público, marcada por la falta de combustible, repuestos y mantenimiento, que encarece los desplazamientos, dificulta el acceso a centros de trabajo y servicios y aumenta la dependencia de soluciones privadas costosas e irregulares.

Algo semejante ocurre con la vivienda. El déficit habitacional, el hacinamiento, el deterioro del parque construido y la frecuencia de derrumbes revelan una situación estructural que se ha agravado con la crisis y golpea con mayor severidad a los barrios más vulnerables, donde coexisten viviendas deterioradas, servicios deficientes y pocas oportunidades económicas. Todo esto dibuja un paisaje social muy distinto al imaginario de seguridad e igualdad que durante décadas acompañó la narrativa sobre el modelo cubano.

El deterioro de los servicios de salud y educación, dos ámbitos que funcionaron históricamente como emblemas del proyecto revolucionario, es otro de los grandes signos de esta precarización. A la escasez de medicamentos e insumos se suma la disminución del personal sanitario, que desde 2021 se ha reducido en 77 mil. Todo ello redunda en la erosión de indicadores como la tasa de mortalidad infantil, que pasó de 4.0 en 2018 a 9.9 en 2025 (un aumento de 148%) según datos preliminares de la Dirección de Registros Médicos y Estadísticas del Ministerio de Salud Pública (Cubadebate, 2026). Además, según el Anuario Estadístico de Cuba 2024, la proporción de habitantes por médico se ha elevado de 104 a 131. Este escenario pone en cuestión la credibilidad de una promesa histórica que ha sido una de las bases más importantes de la legitimidad estatal. Al mismo tiempo, los problemas de infraestructura, la pérdida de maestros y el deterioro de las condiciones materiales del sistema educativo afectan la calidad de la enseñanza y vuelven incierto el valor de la escuela como vía de movilidad social.

Otros servicios como el abasto de agua y gas licuado, los servicios funerarios, el saneamiento y la recolección de basura, ya de por sí afectados en su cobertura y calidad, han empeorado respecto a años anteriores. Un artículo publicado en Granma (el periódico oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba) en septiembre de 2024 situaba en 30% la población afectada por la falta total o parcial de suministro de agua (Angulo Leiva). Las condiciones de vida han tocado su punto más bajo desde 1959, y Cuba ha descendido del lugar 51 en 2007 al 97 en 2023 en el Índice de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

El envejecimiento poblacional y el aumento exponencial de la emigración reciente contribuyen también a precarizar la vida cotidiana. Las altas tasas emigrantes (más de 300 mil personas en sólo un año y más de 850 mil desde 2022 según la Oficina de Estadística e Información) y las bajas tasas de natalidad han causado una disminución significativa de la población cubana. En diciembre de 2025, el primer ministro citaba estimaciones de 9.6 millones de habitantes (frente a los 11 millones registrados en el último censo oficial de 2012) y proyectaba una caída a 7.7 millones para los próximos 25 años (Figueredo Reinaldo et al., 2025). Al cierre de 2024, 25.7% de la población era mayor de 60 años, un porcentaje que se espera que siga aumentando en el futuro.

La salida de población joven en edad laboral y reproductiva hace que se vacíen localidades, se rompan núcleos familiares y se debiliten las redes de cuidado. La combinación del éxodo y el envejecimiento genera una presión muy fuerte sobre los hogares, que deben asumir el cuidado de menores, ancianos y dependientes en condiciones cada vez más difíciles. No es exagerado afirmar que la crisis económica se ha convertido también en una crisis de cuidados, cuya carga se distribuye de manera desigual, pues afecta más a las mujeres y a las familias con menos recursos.

La desigualdad y la pobreza son otra pieza de este rompecabezas. Cuba fue durante mucho tiempo una referencia regional por sus bajos niveles de desigualdad, pero esa imagen no se corresponde con la realidad actual. Las reformas económicas de las últimas décadas y los cambios de la política social han generado una creciente diferenciación social. Hoy, en una lógica interseccional, el acceso a remesas, la inserción en actividades vinculadas al turismo, la localización territorial, el color de la piel, la edad y el género suponen accesos diferenciados a servicios, educación, vivienda, movilidad y protección.

La pobreza, que no puede entenderse solamente por ingresos y hoy golpea a amplios segmentos de la población, implica experimentar carencias superpuestas. Una familia puede tener un ingreso insuficiente, vivir en una vivienda deteriorada, sufrir interrupciones constantes de agua y electricidad, acceder a servicios de salud de baja calidad y tener un consumo deficitario de alimentos. En ese sentido, las privaciones se encadenan y se refuerzan, configurando un deterioro más profundo de la vida.

Todo lo anterior repercute en el tejido social. Fenómenos como la mendicidad, las personas en situación de calle, la recolección de basura como forma de subsistencia, el aumento de violencias diversas y el consumo de alcohol y drogas baratas, que antes eran marginales o excepcionales, son hoy cada vez más visibles. Estos procesos, más que degradación moral o desviaciones individuales, constituyen síntomas de una transformación más profunda. Cuando las instituciones pierden su capacidad protectora, cuando los hogares se empobrecen y los horizontes de futuro se estrechan, crece la exposición a formas más severas de vulnerabilidad y se deterioran las solidaridades, la confianza y los marcos compartidos de convivencia.

La reconfiguración de la política social dota a estos procesos de un matiz estructural. Desde hace casi dos décadas, la política social cubana se ha ido desplazando del universalismo hacia la focalización, lo que ha resultado en un mayor énfasis en la responsabilidad individual y el traslado de costos a los hogares. Esto implica que, cada vez más, las familias deben resolver por su cuenta problemas que antes absorbía parcialmente el Estado, como la alimentación, el transporte, los medicamentos, el cuidado y la reparación de viviendas.

Sin embargo, esta retirada relativa del Estado como proveedor no viene acompañada de una liberalización del espacio social o político, sino que convive con el aumento de la vigilancia, la regulación y el castigo sobre diversas estrategias informales de subsistencia; esto es, hoy hay menos provisión y más control. Se reducen las coberturas y se deterioran los servicios, pero, al mismo tiempo, se criminalizan ciertas prácticas mediante las cuales los sectores más vulnerables intentan sobrevivir. Un ejemplo elocuente de esto es el uso de la palabra deambulante para designar a las personas en situación de calle y su tratamiento como problema de conducta más que como resultado de procesos de empobrecimiento y exclusión social.

Todos estos cambios asociados a la crisis impactan la subjetividad social. Vivir durante años en un entorno de escasez, incertidumbre y pérdida de expectativas genera ansiedad, cansancio y agobio. En las generaciones más jóvenes, esto se expresa en una relación distinta con el sistema y en un aumento de la emigración: si la educación ya no asegura movilidad y el trabajo no garantiza bienestar, emigrar se convierte en un horizonte razonable y, a veces, en el único proyecto de vida. Esto también tiene efectos políticos profundos, porque altera la manera como las personas perciben la legitimidad de las instituciones y la justicia de las respuestas oficiales. Lo anterior redunda en un aumento de la desafección política, el debilitamiento del consenso y la pérdida de confianza en las instituciones y sus dirigentes. Ello ocurre en un contexto de severas restricciones a la organización autónoma, a los escasos derechos de asociación y a las formas rígidas de canalización institucional de las demandas, lo cual limita la capacidad de la ciudadanía para expresar su malestar y reclamar soluciones.

No obstante, aun en este escenario restrictivo, las carencias, agravios y frustraciones acumuladas encuentran vías de expresión. El presente cubano muestra que la precarización no produce sólo vulnerabilidad, sino también nuevas formas de agencia, adaptación y contestación, aunque éstas no siempre adopten las formas visibles o esperadas de la acción política convencional. Así, en los últimos años han aparecido y se han multiplicado diversas formas de protesta, de las cuales la más visible fue el estallido social del 11 de julio de 2021. Este evento marcó un parteaguas en la relación entre la ciudadanía y el Estado, y a partir de entonces, la protesta se ha vuelto más extendida, recurrente y diversificada. En ese contexto de agravamiento de la crisis, el endurecimiento del cerco petrolero y el deterioro sostenido de las condiciones de vida, son cada vez más frecuentes los cacerolazos, bloqueos de calles y pequeñas concentraciones en el espacio público como recursos para reclamar los servicios básicos y la supervivencia diaria.

Este aumento de la conflictividad social no implica que se consolide un ciclo sostenido de movilización; más bien, muestra la coexistencia de momentos de mayor visibilidad con formas dispersas y de baja intensidad. Pese al incremento de las protestas, el Estado ha logrado contener el conflicto sin que este se traduzca en una crisis de gobernabilidad mediante un entramado de regulación restrictiva, vigilancia y represión selectiva. Esta evidencia sugiere no asumir que toda crisis conduce necesariamente a la democratización o al colapso del régimen, ya que también puede dar lugar a la coexistencia inestable del deterioro social, la resiliencia cotidiana, el control estatal y las formas fragmentarias de disenso.

En suma, el panorama expuesto muestra que la crisis cubana no puede reducirse a una coyuntura económica difícil ni a una combinación de indicadores negativos. Fenómenos como la erosión de los derechos sociales, la caída del salario, el deterioro de los servicios, el aumento de la desigualdad, la emigración, la crisis de cuidados, el malestar subjetivo y la aparición de protestas no son hechos aislados, sino partes de una misma dinámica que expresa el agotamiento de las condiciones que durante décadas organizaron la promesa de integración social. El caso cubano enseña que las crisis contemporáneas difícilmente pueden comprenderse desde marcos unidimensionales. Asimismo, la imbricación de múltiples dimensiones que se refuerzan mutuamente y producen efectos acumulativos sobre la vida social evidencia que incluso los sistemas con una fuerte capacidad estatal pueden experimentar procesos profundos de desestructuración cuando se debilitan de manera simultánea sus bases materiales, sus mecanismos de integración y sus apoyos externos.

Referencias

Angulo Leiva, Jorge Ernesto, “La compleja situación del abasto de agua afecta a más de 600 000 clientes en el país”, Granma, 3 de septiembre de 2024, consultado el 18 de mayo de 2026.

Cubadebate, “Cuba: 2025 cierra con una tasa de mortalidad infantil de 9.9 por cada mil nacidos vivos”, 2 de enero de 2026, consultado el 18 de mayo de 2026.

Efe, “La crisis en Cuba que no está disfrazada: las desigualdades se exacerban en las calles”, Yahoo! Noticias, 18 de julio de 2025, consultado el 18 de mayo de 2026.

Figueredo Reinaldo, Oscar et al., “Marrero Cruz: El Programa de Gobierno se ha tenido que ejecutar en condiciones adversas”, Cubadebate, 18 de diciembre de 2025, consultado el 18 de mayo de 2026.

Onei, Encuesta Nacional de Ocupación (eno), marzo de 2025a, consultado el 23 de julio de 2025.

Onei, Anuario Estadístico de Cuba 2024. Cap. 19: Salud Pública y Protección Social, La Habana, Oficina Nacional de Estadística e Información Centro de Población y Desarrollo, 2025b.

Onei, Indicadores demográficos de Cuba y sus territorios de 2024, La Habana, Oficina Nacional de Estadística e Información Centro de Población y Desarrollo, 2025c.